La saturación que sufrimos en nuestros servicios no es solo un problema burocrático, está impactando directamente en el alarmante aumento de los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia, en las crecientes dificultades para atender la diversidad en las aulas y en el progresivo deterioro de la convivencia escolar. No podemos seguir esperando: una educación de calidad e inclusiva requiere, obligatoriamente, una orientación fuerte y con recursos humanos suficientes.

Brecha europea y desigualdad territorial

La petición se fundamenta en los estándares de organismos internacionales como la UNESCO y la American School Counselor Association (ASCA), que fijan el umbral de efectividad en el modelo 1/250.

La realidad española, sin embargo, dista mucho de estas cifras:

• A la cola de Europa: Mientras países como Finlandia (1/245), Francia o Alemania priorizan un enfoque preventivo, España mantiene una media de 1/750 alumnos, el triple de lo recomendado.

• Brecha autonómica: La organización denuncia una "flagrante asimetría" dentro del propio país. Mientras la media nacional está colapsada, el País Vasco ya ha implantado la ratio de 1/250 en la ESO y Bachillerato, lo que genera un agravio comparativo en el éxito escolar según la comunidad autónoma.

"Pasar de un modelo reactivo y saturado a uno preventivo y personalizado no es solo una mejora técnica; es una decisión política estratégica de país", señalan desde las organizaciones psicopedagógicas.

Un llamamiento a la responsabilidad política

Los profesionales de la orientación han apelado a la responsabilidad de los legisladores para que asuman la convergencia con Europa como un objetivo estratégico. Insisten en que fijar la ratio 1/250 por ley no debe verse como un gasto, sino como una "inversión directa en el bienestar, la equidad y el éxito educativo" de las futuras generaciones.

Las entidades ya han solicitado reuniones formales con los diferentes representantes políticos para profundizar en la propuesta y asegurar el apoyo a la enmienda durante la tramitación del decreto.