Propuestas de COPOE para mejorar la calidad del Sistema Educativo español. Curso 2019-20

Desde su constitución en 2005, la COPOE siempre ha estado comprometida con la mejora de la calidad del sistema educativo con el convencimiento de que ello es posible desde la orientación educativa. Consideramos que las siguientes propuestas concretas deberían recogerse en una nueva ley sobre educación:

 

  • Elaborar una normativa básica de ámbito estatal que regule la Orientación Educativa garantizando el derecho a la Orientación en todos los niveles educativos y a lo largo de la vida, mediante los recursos humanos y materiales necesarios.
  • La ratio de profesionales de la orientación que se precisa en España es 1/250, un profesional por cada 250 alumnas y alumnos en todas las etapas educativas, tal como recomiendan entidades internacionales como la UNESCO.
  • Basar las decisiones relativas en el ámbito de la detección, diagnóstico e intervención en evidencias empíricas, rigor científico y la experiencia en orientación de modo que siempre sea imprescindible contar con los profesionales cualificados para la orientación, siendo imprescindible que la titulación requerida para ser orientador/a sea Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía.
  • Exigir la titulación de grado en Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía para el acceso a la especialidad de orientación educativa del Máster Universitario de Formación del profesorado en ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas.
  • Recuperar los programas de Diversificación Curricular especialmente en el nivel correspondiente a 4º de Secundaria, acogiéndonos a la positiva experiencia de más de veinte años en los que estos programas han ayudado a miles de personas con grandes dificultades para alcanzar el Graduado en Educación Secundaria.
  • Promover la investigación desde la administración educativa y los estudios longitudinales que nos revelen cómo los procesos educativos y de orientación influyen en la inserción laboral y en el bienestar de las personas.
  • Establecer la obligatoriedad de que existan orientadores educativos en todos centros integrados de Formación Profesional, superando la situación actual en la que unos centros de algunas comunidades autónomas los tienen y otros no, garantizándose así el necesario apoyo psicopedagógico que también necesita el alumnado de FP.
  • Potenciar la orientación profesional para combatir la brecha de género y fomentar desde la orientación la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
  • Evitar que las desigualdades territoriales en personal de orientación y apoyo educativo discriminen al alumnado en función de su residencia. Es necesario establecer un presupuesto mínimo y suficiente por plaza escolar en todo el Estado.
  • Prestigiar la Formación Profesional para que resulte más atractiva para el alumnado como una opción tan buena como la Universidad con campañas en medios de comunicación y portales en Internet donde el alumnado comparta su experiencia en las redes mediante audiovisuales lo que resultará más significativo para el alumnado cuando toma su decisión vocacional.
  • Elaborar un currículo básico y una ordenación educativa estatal para una coherencia interregional entre currículos.
  • Definir un catálogo de necesidades específicas de apoyo educativo para todo el Estado para dar coherencia a los criterios con que se realiza la detección, diagnóstico e intervención en las Comunidades Autónomas.
  • Destacar el papel de la Orientación Educativa y la Psicopedagogía en el sistema educativo, tanto en la formación inicial y continua del profesorado como en la práctica educativa. La calidad del sistema educativo precisa de docentes que conozcan cómo motivar al alumnado y responder a su diversidad en todas las etapas educativas, también en las no obligatorias.
  • Mejorar el sistema de selección del profesorado, que deberá sustentarse en las competencias didácticas y psicopedagógicas.
  • Contar con los especialistas en orientación para la formación de los futuros docentes en las titulaciones de grado y en los másteres de formación del profesorado.
  • Aprobar un Plan Estatal por la Educación Inclusiva que recoja los valores esenciales de la ciudadanía, sus territorios, lenguas y culturas, así como la diversidad funcional de sus alumnos y alumnas, apostando por un sistema inclusivo y una escuela inclusiva, que sea una organización de aprendizaje (alumnado, familias y docentes) y una escuela como espacio de construcción de una ética de la equidad. Que contemple medidas concretas para que “ningún alumno o alumna se quede atrás” y que “todo el alumnado alcance el éxito escolar y desarrolle al máximo sus potencialidades” sea cual sea el origen de su necesidad específica: desventaja social, discapacidad funcional, altas capacidades intelectuales o dificultades para el aprendizaje.
  • Disminuir la ratio de alumnado por docente en el aula, recomendando 1/15 en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria, promoviendo el segundo docente el aula para introducir metodologías más innovadoras y enseñanza más personalizada.
  • Potenciar la educación emocional en todo el sistema educativo, destacando la presencia de la misma en el espacio destinado a la tutoría lectiva.
  • Garantizar un espacio horario destinado a la tutoría lectiva en todas las etapas educativas, obligatorias y no obligatorias, desde educación infantil y primaria hasta bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior.
  • Incluir las competencias transversales en la Formación Profesional para que puedan recogerse contenidos relativos a la gestión emocional, habilidades sociales y trabajo en equipo.
  • Tener en cuenta que las causas del fallecimiento de los menores son: tráfico, drogadicción y suicidios. Por consiguiente, trabajar en la prevención desde la acción tutorial, con un sistema educativo que trabaje por una formación integral, superando arcaicos planteamientos basados únicamente en el aprendizaje de contenidos instrumentales.
  • Mantener la prueba de acceso a la Universidad, pues universaliza el derecho a la educación colocando al alumnado en igualdad de oportunidades para cualquier estudio y desde cualquier opción de bachillerato o prueba de acceso.
  • Establecer que en todas las comunidades autónomas se pueda acceder desde cualquier título superior de Formación Profesional a cualquier grado universitario, eliminando las prioridades en el acceso que existen en algunas comunidades lo que genera importantes e inexplicables desigualdades
  • Incorporar adaptaciones en las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior, tal como se hace en la Universidad, para alumnado con NEAE.
  • Hacer posible la calidad de la educación dotando de recursos, tanto humanos como materiales, que la orientación vocacional y construcción del proyecto de vida se trabaje desde la etapa infantil, en todas las etapas tanto obligatorias como no obligatorias.
  • Crear equipos de orientación en todas las escuelas y centros educativos en el marco de una red territorial de equipos multiprofesionales, que permita coordinar un trabajo en red con los servicios sanitarios y sociales.
  • Modificación del Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria para que la materia de Psicología tenga también preferencia de ser impartida por los especialistas en Orientación Educativa. Del mismo modo, limitar toda docencia del profesional de la orientación en Secundaria a la materia de Psicología, ya que otro tipo de materias limitan la dedicación del profesional a la orientación educativa y vulnera el derecho del alumnado a la misma.
  • Crear un centro estatal de recursos para la orientación vocacional que permita trabajar el proyecto de vida personal y profesional del alumnado, desde Infantil hasta etapas no obligatorias, con los necesarios recursos humanos y materiales.
  • Hacer realidad el derecho a la orientación también de las personas adultas con la presencia de profesionales de la orientación, especialmente en procesos directamente relacionados con la orientación como “Acredita”.

 

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